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domingo 22 de abril del 2018
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Ben Magec-Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de Canarias puede haber prevaricado al autorizar la ejecución de las obras del Puerto de Playa Blanca.

Tras la consulta del expediente en Costas, la federación de colectivos ecologistas ha detectado serias irregularidades que hacen que la autorización para la ejecución de las obras sea nula de pleno de derecho,

“Tras consultar el expediente, hemos descubierto que la adscripción de las nuevas obras de ampliación no se ha terminado de efectuar antes del inicio de las obras tal y como establece la Ley de Costas. Por lo que consideramos que las mismas no cuentan con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. A nuestro juicio esto significa que la autorización que la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias otorgó aprobando el proyecto y permitiendo su ejecución, a todas luces, incurre en causas de nulidad de pleno de derecho, y que por tanto quién autorizó es posible que haya prevaricado. Creemos que existen numerosas irregularidades en la tramitación del expediente, que hacen que la ejecución de las obras iniciadas hace unos meses sea manifiestamente ilegal”, aseguran las portavoces del colectivo ecologista que presentaron, el pasado enero, una denuncia al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, solicitando también que se esclarezcan las sospechas sobre las numerosas irregularidades en la tramitación ambiental del proyecto. El proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca, trazado dentro de los límites del Espacio Protegido de la Red Natura 2000: “Lugar de Interés Comunitario Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura”, supondrá un aumento de superficie de más de 38.000 metros cuadrados, y una serie de impactos que, según las ecologistas, no han sido debidamente evaluados: “Ni el espacio protegido, ni la afección a los sebadales del entorno, las tortugas y los cetáceos, que justifican la declaración del mismo, son mencionadas en la Declaración de Impacto Ambiental, por no mencionar las posibles afecciones a la salubridad de las zonas de baño cercanas. Por todo esto consideramos que el proyecto debe ser evaluado de nuevo y que haber comenzado las obras ha sido un acto de irresponsabilidad y una ilegalidad.” Según las ecologistas, la inversión, que se eleva a 39 millones de euros, y con la que se prevén nuevas líneas de atraque para ferrys y cruceros, “sigue fomentando un modelo de explotación que nutre a las multinacionales turísticas a costa del deterioro de una zona de elevada riqueza ambiental”. Ben Magec-Ecologistas en Acción afirma que en el expediente hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2014 que condiciona la adscripción de los bienes de dominio público marítimo terrestre, (necesario para ejecutar las obras de ampliación) a que la Viceconsejería de Infraestructuras y Planificación de la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, presente una modificación sobre los usos en la zona de servicio del puerto, puesto que la presentada inicialmente incumple la legislación de costas, antes de que éste pueda ser adscrito. “Es más, con las obras ya iniciadas, la Demarcación de Costas le requiere en 2018 a Puertos Canarios que cumpla inmediatamente con las condiciones impuestas por el Ministerio, lo que entendemos que es una prueba de que existen serias irregularidades en la tramitación, y que las obras nunca debían haber comenzado”, asegura una portavoz de Ecologistas en Acción Las Palmas de Gran Canaria, colectivo que inició las averiguaciones en la federación. Ahora, las activistas ecologistas preparan una denuncia a la Comisión Europea por incumplimiento de las directivas de protección y evaluación ambiental. “Nos parece absolutamente incongruente que se utilicen fondos FEDER bajo el epígrafe de desarrollo sostenible para construir infraestructuras que atentan contra el medio ambiente”, argumentan desde Ben Magec-Ecologistas en Acción.